Se constituye la Coordinadora contra la crisis, la pobreza y la RIC

La contestación a las políticas neoliberales fija su estrategia de acción

El viernes 16 de mayo y de forma sincronizada se constituyó la Coordinadora contra la crisis, la pobreza y la RIC en los locales del SINDICATO OBRERO CANARIO (FSOC) en Tenerife y Gran Canaria. Representantes de diversos colectivos políticos y sociales como la COORDINADORA POR LA SANIDAD PÚBLICA, CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT), ENSEÑANTES ASAMBLEARIOS DE CANARIAS (EA-C), INTERSINDICAL CANARIA (IC), SINDICATO OBRERO CANARIO (FSOC), SINDICATO DE ESTUDIANTES CANARIO (SEC), AZARUG, ASOCIACIÓN ECOLOGISTA CONTRA LA VIA EXTERIOR DE TENERIFE, PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO (PCPC) Y UNIDAD DEL PUEBLO (UP) establecieron las bases para dar una contestación a la actual situación de deterioro económico y social de Canarias propiciada por la burguesía isleña y su testaferro, el Gobierno autonómico.

Los representantes de dichos colectivos acordaron realizar un calendario de actividades, entre las que se incluyen la socialización de documentos que analicen cómo ha influido e influye la RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS en la situación de deterioro de la economía de los sectores más débiles del pueblo canario, así como establecer contacto con otros colectivos sensibles con el tema al objeto de iniciar charlas-coloquio, recogida de firmas, movilizaciones en la calle y presencia en los medios de comunicación.

La actual crisis económica causante de un millón de canarios y canarias atrapados entre la pobreza y la precariedad, cerca de 170.000 empobrecidos y empobrecidas y la cesta de la compra de las más altas del Estado tiene responsables. El robo fiscal que supone la RIC y que ha enriquecido a unos pocos en detrimento de la mayoría popular ha de ser contestado inmediatamente mediante su eliminación y la implementación de una política tributaria acorde a los principios de progresividad e igualdad. Los causantes del desbarajuste social que sufren los trabajadores y trabajadoras, las familias y los pequeños empresarios machacados por el Neoliberalismo deben rendir cuentas de los dineros (cerca de 20.000 millones de euros) no declarados desde la aprobación de la Ley del REF en 1995 y que se han dejado de invertir en vivienda, empleo estable, sanidad, educación, cultura, transporte público o medio ambiente.